En las democracias surgidas luego de las revoluciones liberales, sin duda alguna el poder legislativo, también llamado parlamento, congreso o asamblea nacional, se erigió como el principal órgano de representación popular y por supuesto como la principal institución de una democracia que se precie de tal, ya que allí tienen asiento los partidos y movimientos que representan mayoritariamente los intereses de la sociedad.

Así fue planteado teóricamente por los contractualistas y por el pensamiento liberal, que consideraba que, al ser elegidos popularmente, los parlamentarios cumplirían a cabalidad el mandato de sus electores y representarían adecuadamente sus intereses, en la medida de que una mala gestión ocasionaría un castigo de los representados, consistente en la no reelección del representante.

Sin embargo, dos siglos después de esta configuración político-jurídica, es claro que los parlamentos no han cumplido siempre el mandato popular, sus miembros han realizado malas gestiones y se han visto envueltos en casos de corrupción. Sumado a ello, los representados no siempre cuentan con los mecanismos de monitoreo y control ciudadano indispensables para vigilar la labor de sus representantes. Todo ello, ha ocasionado, especialmente en democracias deficitarias e inmaduras como la colombiana, un descontento popular hacia estos órganos.

Entonces, frente a la creciente deslegitimación de los parlamentos de las democracias contemporáneas, son variadas las propuestas que se han intentado para buscar soluciones a dicha problemática, pues a pesar de las críticas a este tipo de órganos, sin duda alguna siguen siendo los más importantes de las democracias.

Dentro de esas propuestas ha tenido lugar aquella que plantea que los diversos órganos representativos del Estado deben conformarse total o parcialmente a través de sorteo, en el cual se escoja a quienes van a ser los representantes ciudadanos al margen de los intereses partidistas, a través de un mecanismo predeterminado, en el cual aleatoriamente sea escogida la persona que representaría los intereses de cierta comunidad o circunscripción electoral.

Sin duda alguna se trata de una propuesta interesante pero también arriesgada, pues plantea cambiar la tradicional concepción de la elección popular, sin duda, indispensable, por la participación del azar. De todos modos, se podrían intentar ejercicios parciales de este tipo, por ejemplo, empezando por juntas administradoras locales y concejos de los municipios más pequeños del país, para ir evaluando su pertinencia y poder implantarla a escalas más grandes, como asambleas departamentales y el Congreso mismo.