Nuestro obsoleto e impreciso sistema judicial, frente al contemporáneo tratamiento de los procesos en la era digital.

 

El suscrito profesional en derecho, en atención a estas líneas que de manera respetuosa y responsable se permite escribir; quiere sentar precedente que ello, no enmarca un interés político, ni mucho menos en medir el accionar del órgano colegiado de control de las instancias judiciales, atendiendo; el paso de esta corporación por los momentos coyunturales que enfrenta en esta pandemia; la cual, afecto radicalmente el mundo en general. Aceptando todo disentimiento sin condiciones de carácter histórico, filosófico, crítico e incluso científico; asumiendo la apología en defensa del valor democrático por excelencia.

Resulta paradójico en pleno siglo XXI que, el modelo judicial de nuestro país presente las falencias que hoy en día estamos viviendo los profesionales en derecho; usado desde vieja data, sin precisar que en algún momento colapsara, ello, en vista de los acontecimientos por los cuales nos hizo reflexionar esta inesperada calamidad de salud pública. Donde experimentamos que el sistema presencial el cual desde su inicio muestra un sinnúmero de falencias a partir del momento de radicar, dar seguimiento, realizar memoriales, asistir a audiencias y por último recibir un fallo.

No es un secreto que, se requiere una gran restructuración de la mano de profesionales calificados, un grupo interdisciplinario que entregue lineamientos estructurales en aras de buscar una efectiva solución para las afujías por las que está pasando este colectivo de juristas, que lo mínimo que esperan es un trato respetuoso para con sus actuaciones jurídicas, que no nos desgasten en la poca información que se tiene del proceso, debido al incompleto, obsoleto e impreciso tratamiento que se viene realizando desde siempre.

Y, ahora que comienzan a reactivarse todos los sectores de manera gradual, nosotros; seguiremos laborando detrás de una pantalla, con la incertidumbre de saber si, al enviar un email fue recepcionado por la autoridad judicial correspondiente; quedando a su potestad debida cuenta que, la indicación habilitada en sus plataformas para tal fin no es la más ordenada, clara, precisa y concisa; sin dejar de lado que, muchas sedes judiciales a lo largo y ancho del territorio nacional no cuentan con los mecanismos tecnológicos necesarios para recibir por este medio los escritos que se tienen a bien entregar y, los que cuentan con ello, su conectividad no soporta la carga digital y termina por colapsar.

Debemos ser conscientes que esto tomará un tiempo prudencial, teniendo en cuenta el especial compromiso que deviene de las autoridades; el cual tiene otras prioridades sin importar las obligaciones que por este instrumento contrae con sus administrados; e incluyendo la ejecución cabal de las diligencias orientadas para la conclusión satisfactoria de nuestros intereses. Visto desde nuestra arista; en el trámite de que trata el cumplimiento del contrato de prestación de servicios con el interesado, este se extenderá por todo el término demandado para la íntegra práctica de su esencia; limitando en su totalidad lo atinente en el proceso para nuestro actuar.

Así la cosas, es preocupante determinar el norte que tomara la misma Rama, considerando salvaguardar los derechos y las gestiones judiciales y extrajudiciales pretendidas en cada asunto a tratar. Como jurista del litigio en el derecho natural espero, aspiro y deseo, se encuentre una medida que satisfaga las necesidades contemporáneas y se trate el desarrollo procedimental en el derecho, insisto; con eficiencia y transparencia; a lo que confió en el trabajo y dedicación de cada funcionario público, invitando a todas las instituciones estatales; con el fin que dirijan este barco que está a la deriva y, presenten un cambio total defendiendo la seguridad jurídica, que es un deber preservar; encontrando su salvación por la institucionalidad de todos.

No hace falta dilucidar que de una u otra manera nuestra profesión sea que se dé o no el ajuste que requiere en los entes judiciales, seguiremos accionando el aparato judicial con el mismo ímpetu, cuyo objetivo será dirigido en búsqueda de la Verdad.

  

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Adolfo Bello Estrada

Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y adminsitrativo,  Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,  Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Docente Universitario Asesor Técnico Jurídico & Auditor Interno.Dicente Programa Profesional Virtual en Negocios Internacionales.

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