La Justicia en Colombia con un tinte de política contemporánea

Dentro del trasegar de la nueva era del derecho en el país, se puede notar como ha tomado un sentido figurado la imparcialidad referente a lo conocido o mal llamado justicia, posiciones encontradas en un sinnúmero de dualidades procesales donde la norma es impuesta a quien menos posición económica, social, cultural e incluso educativa presenta. El desarrollo de la legalidad en los procesos no es determinado de manera razonable, más si, se fundan en precedentes de libre albedrío impuestos por la maquinaria politiquera de una nación que, de acuerdo a sus habitantes, únicamente son sensatos al momento de tener contacto con el intransigente y rígido modelo que suscita un enfilado comportamiento de rectitud apropiado para conseguir su objetivo.

Es casi incontrovertible de solucionar en todos los sectores, desde donde se utilizan todas las estrategias para clarificar un objetivo oscuro esencialmente instituido con el mayor agrado para sus electores, argumentados por un desacierto vano en el marco de la fenomenología integrada por el sistema jurídico colombiano, que permea de manera significativa a su conveniencia sin contribuir como su fin lo establece en llegar a una convivencia armónica y en paz. Precisando un escenario que desdibuja la realidad de un país solido con principios e ideales, los cuales son pertinentes al comportamiento de seres humanos con valores y elementos apropiados y conformes al correcto y cabal potestad de una posición altruista y segura con propiedad y voz que demuestra la entereza y libertad de cada connacional; promulgando que la voluntad y poder de decisión estará por siempre enmarcado en la ley en búsqueda de un horizonte justo sin tomar como referencia o punto de partida un color de una bandera, a sabiendas que todos ondeamos el futuro de una tonalidad donde arrope al colectivo como un solo partido.

Se debe asumir una perspectiva explicita que ocupe al respecto un paradigma ideológico sustentado en un derecho fresco, sin dilaciones, que pretenda entender las necesidades de todos los ciudadanos en general, que se aplique al real contexto socio jurídico que sostiene un país cansado y sin fuerzas de soportar la irreverente y cantinflesca vista en incumplimiento a una Constitución Política de 1991, que a cada momento se denota más violada incompresiblemente por los habitantes de todo el territorio nacional, sin excepción. Integrando a cada instante las verdaderas intensiones donde recusamos a nuestro semejante de las faltas propias cometidas, tratando de justificar los yerros conductuales que conllevan a una inestabilidad en todos los sectores, practicada desde la misma creación y evolución normativa de quienes entregan los lineamientos procedimentales; es una lastima que, el Estado social de derecho solo se entregue en la academia mientras en la contexto histórico quedará como letra muerta, teoría, ya que en la práctica debe ser compromiso de cada persona, indistintamente, su dogma o devoción; profesión u oficio, con el único objetivo de enseñar que cada día es una nueva oportunidad de aportar para el progreso de un mejor vivir en comunidad, respetando la forma de sentir, pensar y actuar de cada quien, que no vulnere dentro de sus facultades el derecho del otro. 

Así es el deber ser, desde la constitución fundamental del articulado de esta carta política, la cual llego para quedarse con un sentido garantista y protector para quienes trasplantan sus necesidades innegables en estas líneas que les favorecen; empero, que sin la mayor vergüenza e injustificadamente cumplen a cabalidad con los preceptos constitucionales, igualmente, allí descritos. Los comportamientos antitradicionales se consolidan de esta manera constantemente transformando una cultura jurídica que trata a cada instante de no sucumbir, con una precisión de continuar interpretando y aplicando el derecho en toda su dimensión, inclusive reformulando la creación de un concepto derecho versus sociedad que vincule y participe de manera integral el fortalecimiento vanguardista y liberal de todos los administrados, en el sentido de dar inicio a una expresiva, propia y adecuada seguridad jurídica que renueve las diversas tendencias e inclusive transnacionales que se identifican con mucha frecuencia recepcionando un modo sumario que afirme el comportamiento contradictorio que hasta nuestros días presentamos.

Ejerciendo una ruptura con el ambiente desatinado que combate el formalismo, arista del debate positivo con el realismo jurídico, específicamente tratado al sentir técnico de la contemporaneidad y su llamada descripción sociológica, la cual resurge del pensamiento político social progresista, del cual solo espero se afiance con una teoría que no solo observemos con agrado al leerla, sino, que enriquezca fundamentalmente la creativa, crítica, destructiva y malévola partitura del derecho que se escucha a lo largo y ancho del país, pretendiendo hacerse invisible en las circunstancias que más se necesitan, causando una inestabilidad y rompimiento; característica de un proceder incipiente el cual se justifica simplemente con la naturaleza ontológica del derecho, consecuencias que se reseñan a los compendios decorosos y no a los hechos jurídicos, respecto al tratamiento dramático y ruin antedicho, sin la menor intensión de adoptar y corregir acondicionándose a la aplicabilidad de las normas, ello, desde las partes intermitentes en esta manifestación de resiliencia en medida de estos tiempos de emergencia sanitaria mundial.

Las herramientas están a la orden del día para conseguir el cambio que se merece y espera por parte de los ciudadanos de bien, mejorando las condiciones de los más necesitados favoreciéndoles con la valoración de la justicia y equidad,  garantizando las pretensiones racionalmente fundadas de acuerdo a un ordenamiento jurídico ajustado a una sola verdad, que corrija de fondo y forma las ignominiosas actuaciones realizadas por tanto tiempo en atención a la estructura de un andamiaje jurídico desordenado y corrupto, protegiendo los derechos de todos sin burocracia, contemplando a profundidad con responsabilidad las decisiones adoptadas por cada uno de los operadores de justicia con argumentos válidos y abiertos a las normas vigentes sin importar la diversidad de los sujetos. Y llegar a una conciencia participativa, pluralista y garante de los derechos y deberes con acceso a la imparcialidad y todas las oportunidades procesales posibles precisadas en la ley; esbozando la legitimidad y el orden en todo su esplendor frente a una exigencia de los estipendios que sin entorpecer ni aislar los otorga la norma.

Gustavo Adolfo Bello Estrada

Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y adminsitrativo,  Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,  Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Docente Universitario Asesor Técnico Jurídico & Auditor Interno.Dicente Programa Profesional Virtual en Negocios Internacionales.

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