La imperiosa necesidad que tiene Colombia de salir de la crisis por medio de la unión social.

 

En verdad, y como no es secreto para nadie, los derechos de todos los habitantes del territorio nacional se vieron interrumpidos desde los últimos días del mes de abril de la anualidad 2021, cuando la protesta social tomo fuerza, la cual se sostiene hasta estos tiempos con jornadas que van hasta altas horas de la madrugada en todo el país, especialmente en la ciudad capital, atravesando y visto así, por el momento más coyuntural de las novísimas décadas. Es claro que desde el marco constitucional los colombianos tienen el derecho a la legitima protesta de manera ordenada, buscando un equilibrio a esta injusticia social y a la falta de oportunidades para todo ciudadano, lo cual se debe manifestar de forma pacífica; sin embargo, el contexto legal de la expresión pública del colectivo de personas que salen a marchar traspasaron lo fines descritos en la carta política, donde desafortunadamente son utilizados estratégicamente por movimientos que desean desestabilizar la paz y convivencia del país alterando el orden público de modo sistemático, ocasionando confusión y desconcierto en la población en general.

Sin tener en cuenta la consecuencia de vulneración de los derechos de todos los conciudadanos que como siempre, en todo gobierno de turno exigen insistentemente un trato digno y respetuoso salvaguardando los derechos fundamentales a la salud, educación, trabajo, vivienda digna e inclusión con el único precepto de vivir en una Colombia en paz y armonía, respetando las buenas herencias legislativas razonas por los delegados para cumplir puntualmente con este como objetivo de convivencia, concibiendo la idea fundamental de hacer frente al ejercicio legal de los derechos; a lo que es inadmisible creer que se reclame la protección de unos derechos que por ende están  absolutamente constituidos, vulnerando significativa y generalmente los de los demás. Causando una paradoja moral donde el objetivo trazado es dividir el pueblo; haciendo alusión a la frase “Divide et impera, expresión de dudoso origen atribuida al dictador y emperador romano Julio Cesar, que resume la estrategia con la que los gobernantes de nuestra nación y quienes aspiran a serlo nos dirigen o alientan”, un infalible desafío que en algún momento deberá llegar a su fin, más claro no puede ser.

Es compromiso de todos, instituciones, partidos políticos, movimientos inconformes y Gobierno Nacional, encontrar una solución de fondo a la crisis desatada, causada por la administración deplorable y mezquina con que se lideran cada uno de los procesos para el mejoramiento de una calidad de vida digna de sus habitantes. Articulando el trabajo en equipo, generando puntos concordantes de diálogo que se transformen en una respuesta a las peticiones, donde los mecanismos del Estado estén a disposición de todos con un frente en común de carácter integral en una sola voz, olvidando de una buena vez en orden contundente los sesgados intereses de algunas corrientes; por el contrario, construir castillos de fraternidad que abriguen y acaten las necesidades de todos, ondeando una sola bandera de armonía y respeto por el otro. No aguanta el país más violencia, los acontecimientos de estos dos meses en razón a los bloqueos presentados han dejado desempleo, afectación al ingreso, deficiente alimentación, desordenes al tránsito; en conclusión, solo caos, indiferencia, muerte y desolación. Sin detenernos a pensar que todos los actores que participan o no, activa o silenciosamente incluyendo la misma fuerza pública, hacen parte fundamental de esta sociedad civil aportando en la seguridad y orden nacional; quienes estos últimos, igualmente son sujetos de derecho.

Sumado a ello, el estado de emergencia sanitaria Covid-19 tercer pico que viene en alza, donde de manera irresponsable en estos escenarios podemos apreciar en los diferentes medios de comunicación a todo tipo de personas incumpliendo las recomendaciones del protocolo de bioseguridad, resultados funestos que alcanzamos a diario superando la cifra de seiscientos fallecidos. La inconciencia, la carencia en el autocuidado y falta de amor propio salta a la vista, olvidando como lo decía el filósofo Jean-Paul Sartre. “Mi libertad se termina dónde empieza la de los demás". Así mismo, los derechos de una persona terminan donde empiezan los de otra. Precepto que desde siempre en nuestra Nación se esboza por muchos entes, no siendo más que un saludo a la bandera, donde en teoría es fantasioso, pero en práctica nunca se ejecuta; al parecer y según la constante percibida nunca se va a cumplir, a espera que llegue prontamente la estabilidad social y efectivamente se puedan garantizar los derechos, sin dejar de lado los deberes para con la patria.

La condición de vulnerabilidad que presentan diferentes poblaciones, invitan a que todos reflexionemos y participemos activamente en múltiples tareas que encuentren un proyecto que desarrolle y tenga sostenibilidad en el tiempo, con el fin de escuchar el sinnúmero de situaciones tan precarias que tiene que cargar esta clase menos favorecida, diferencias que no deberían estar pasando en pleno siglo XXI; a la par, se deben ubicar las coincidencias que son muchas, para llegar a dar soluciones reales a las necesidades de esta población olvidada por el Estado en el marco de la protesta, produciendo graves afectaciones a la nacionalidad. El fin de esta encrucijada estará en conocer la condición real de las actuaciones vandálicas y que se investiguen por todos los organismos de control internacional para tomar las medidas necesarias preservando legítimamente los derechos, propósito común de las autoridades en el país; demostrando la pujanza que caracteriza al colombiano como constructor de paz y actor principal de vivir en convivencia, avizorando un promisorio y solidario futuro para las nuevas generaciones que para estos tiempos sí que se hacen imperiosos colocándolos en el escenario de manera inmediata.

Así las cosas, es claro que la protesta es legítima siempre y cuando no vulnere los derechos de los demás, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales, como la vida, la integridad física y la libre circulación; pero no, aunque se presenten todos los requisitos legalmente constituidos se deben extralimitar causando destrucción a lo que se encuentran a su paso. Donde brilla por su ausencia las posiciones auténticas, sin identidad, logrando un efecto meramente negativo causando pérdida de vidas humanas, incrementando la pobreza, atacando de manera indiscriminada los bienes tanto públicos como privados, paralizando prácticamente la actividad productiva del país e incrementando en un alto porcentaje el costo hasta de la propia canasta familiar. Desde esta arista, muchos hacen reverencia funestamente, como en su frese celebre lo decía el Marqués de Sade. “Veo que, si el hombre prefiere el interés general y que, en consecuencia, es virtuoso, será infortunado toda su vida, y que si por el contrario, el interés particular se impone en él sobre el interés general, será perfectamente feliz si las leyes lo dejan en paz”.  Pregunto, ¿El interés particular estará por encima del general a cualquier costo? En el entendido precisaríamos más bien que, un cambio en lo general, requiere un cambio en lo particular; el cual se debe realizar desde el pensar, sentir y actuar de cada ciudadano.

Si en su momento, hiciéramos el ejercicio de cuanto materialmente ha perdido el país, por los vejámenes ocurridos a lo largo de estas protestas, se obtendrían cifras que jamás se pensaron por cualquiera de los analistas, encontrando por parte de la cartera de hacienda un avaluó de 12 billones de pesos en daños, cerca del uno por ciento del Producto Interno Bruto. Sin contar, los 6 billones de pesos que genero el costo económico de acuerdo al paro únicamente del mes de mayo 2021, información aproximada por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, donde lamentablemente en las últimas décadas no se había registrado un balance tan bajo en sus dígitos de acuerdo a la confianza de los consumidores. Pero, por si no fuera poco, los absurdos e inhumanos bloqueos afectaron principalmente el suministro de productos, acorralando el transporte desde su origen hasta la entrega de las escasas existencias al cliente final. Es inconcebible, llegar a pensar que pase por la mente de un grupo de seres humanos el incitar al cataclismo por medio de perturbaciones, que visiblemente tiene fines oscuros, paralizando en todo su conjunto el desarrollo del país; demos el beneficio a la duda por cuanto no sea exclusivamente como modus operandi para apalancar las elecciones políticas del año 2022.

Transgredir el bienestar social atacando de manera intransigente la economía de un país que su musculo financiero es tan endeble, es deshonesto e injustificable, debido que el sostén de la conducta se fundamenta en hacer el bien a la sociedad. Es ciertamente preocupante la recuperación que tendrá nuestro país en todos los sentidos, el impacto de la pandemia nos afectó financieramente; pero, el manejo tan pobre y mediocre a las protestas, fue crucial para catapultarnos hacia un repunte económico que cada vez se ve más lejano, ya que el gasto público es incontrolable por lo que la inflación pretende apelar al Banco de la Republica como una posible solución, la que será efectivamente irreversible. Trabajar unidos ejecutando las tareas que edifiquen un país es el compromiso de cada habitante de este hermoso territorio, reivindicándonos con los accionares de unos pocos que pretenden causar intranquilidad y zozobra, alterando significativamente la paz, el orden y la convivencia, marcada en el permanente cumplimiento de nuestro Estado Social de Derecho.

 

Gustavo Adolfo Bello Estrada

Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y adminsitrativo,  Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,  Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Docente Universitario Asesor Técnico Jurídico & Auditor Interno.Dicente Programa Profesional Virtual en Negocios Internacionales.

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