Dentro de nuestra Constitución Política se precisa la aplicabilidad del debido proceso en relación al artículo 29 a toda actuación judicial y administrativa, precisando únicamente asumir un juicio acorde a la normatividad vigente; eso sí, dependiendo del acto atribuido, de acuerdo a su autoridad competente. Atendiendo que, en lo concerniente con la jurisdicción penal, se responsabilizará al individuo exclusivamente al demostrarle su culpabilidad en juicio; aclaro, aplicándole la norma que más le favorezca; exponiendo que, en medio de la investigación y juzgamiento, el sindicado, será asistido por un profesional en derecho de su confianza u oficio, si así lo requiere, quien cumplirá con su defensa técnica; verificando que no se expongan imprecisiones y demoras infundadas en su proceso; discutiendo todo elemento probatorio que ataque el mismo, controvirtiendo fallo contrario a derecho o a las pretensiones dilucidadas; como también, de ser enjuiciado exclusivamente una sola vez por el hecho que se le encause, así protegiendo íntegramente sus derechos.

Por lo que estamos frente a un derecho fundamental implícito en el orden elemental, el cual después de superar el modelo de organización de una nación, más generalizada; podemos determinar que es una democracia. Donde es necesario aclarar que se presentan un sinnúmero de yerros, que como siempre van fracturando la equidad en contra de sus administrados, todo ello, enmarcado en buscar el lado positivo en favor del Estado. En atención a esto, debemos concientizarnos y desde la arista social tomar razón del nefasto papel de inseguridad jurídica que presentan las autoridades judiciales; teniendo en cuenta lo anterior, se requiere de una sana convivencia que a su vez dada la naturaleza del ser humano este soportada en una reflexión, que conlleve a no requerir un servicio profundo del aparato judicial.

Tal vez si algún día, se asegure las reales perspectivas presentadas en la normatividad, que por cierto en todo período legislativo es permeada y abusada por intereses personales, igualmente asumidos y puestos en práctica por los funcionarios públicos de turno, olvidando que tienen la obligatoriedad de cumplir a cabalidad decorosamente sus funciones como mandato constitucional; no simplemente ir a cumplir un horario, sino prestar un excelente servicio de justicia con puntualidad, honestidad y responsabilidad; donde desafortunadamente para el derecho se encuentran servidores que no tienen la más mínima noción de su labor; desdibujando el compromiso que asumieron con el país, debida cuenta que esta es la razón de ser de la existencia de estos cargos.

Como me agrada al ingresar a los estamentos y descubrir más que a grandes profesionales, encontrar mejores seres humanos, que respetan su competencia, conocedores de su proceso, cabales y metódicos en sus lugares de trabajo, aplicando los procedimientos a sus oficios señalados; ligados a un mundo de transformación necesaria en nuestra justicia, que conlleva una figura de optimizar la entrega a efectuar su legación. Sin olvidar que, las instituciones son dinámicas, teniendo en cuenta los disímiles cambios que aun teniendo avances, siguen siendo insuficientes; permitiéndole estar a la vanguardia del ejercicio acorde a su interrelación con la comunidad; siendo este uno de los pilares fundamentales de toda sociedad participativa, pluralista y democrática; proporcionando un marco que permita que el colectivo crezca y permanezca en tranquilidad, paz, armonía y prosperidad; ese ha sido el papel concluyente que ha jugado el Estado con sus entidades a lo largo de la concepción, la construcción y la permanencia de la república de Colombia.

Es así, de suma importancia al entregar con sencillez y solución acertada para una mejor labor, lo que devuelve la confianza de la ciudadanía, involucrando estos últimos con el fin de hacerlos parte de la metamorfosis que está presentando la rama judicial; utilizando todos los instrumentos, figuras legales; que permitan obtener un resultado satisfactorio enfocado únicamente en los intereses generales, fundando una percepción de seguridad que garantice la igualdad para todos en el derecho; acertando en una opinión que certifique su efectividad, directamente proporcional a la obligación y vocación de servicio y su inspiración de amparo al ciudadano; denotando, las situaciones y la problemática de convivencia social en el país, donde sin duda alguna se hace necesaria una evolución cultural. Delimitando como respuesta positiva a los diferentes desafíos que sobre este particular día a día se presentan; fortaleciendo el actuar de sus funcionarios, detallado en la buena formación y trabajo interdisciplinario dirigido; el cual se ve reflejado en el desarrollo procedimental en los casos a que se dé lugar.

Desde este punto de vista, y muestra de ello hoy podemos observar, el giro tan radical y su perspectiva; donde la modernización que trajo la condición de salud pública en el mundo y más aún en los países como el nuestro que sinceramente no estaba preparado, pero, que lentamente va avanzando en lograr un posicionamiento en el sector justicia, respondiendo oportunamente y con calidad; fijando un orden estructural que parece va por buen camino; conformando una estrategia y trabajo en equipo inicialmente con la calificación de su talento humano en todo el orden territorial; perfeccionando en un contexto que cierra las diversas vaguedades que se venían mostrando en su pensar, sentir y actuar; dando lugar al inminente planeamiento que de una forma asertiva está siendo ejecutado; proyectos que cuyo objetivo es el de entregar lineamientos que estén interrelacionados entre sí, en todas las materias que decreta el derecho; relacionándolos de tal manera que coadyuven a la protección y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; un derrotero a seguir, es buscar trabajar en armoniosa colaboración con los organismos de control y así obtener de forma inmediata y multilateral la solución a los afectados de acuerdo con los casos presentados.

Así las cosas, contribuyendo con toda la magnitud, como se viene mencionando, al proceso de modernización y transformación con el único objeto de conseguir que la sociedad esté legítimamente segura, al enfrentar un litigio; dirigido desde el pensamiento crítico, analítico y propositivo en orden a obtener una indudable y taxativa decisión; que satisfaga las necesidades de sus habitantes; definitivamente es de anotar que al cumplir con los parámetros establecidos fundamentalmente, estaremos construyendo el modelo para el cual fue diseñado nuestro sistema judicial; concebido desde la carta política en concordancia con la normatividad nacional e internacional.

En aras de redondear lo anteriormente expuesto, es adecuado llegar a concluir que es imperioso utilizar todas y cada una de las herramientas como elementos básicos, con el fin de construir ilusión y legitimidad en el pueblo Colombiano; aplicando las políticas públicas para el perfeccionamiento del debido proceso, generando un ambiente natural de paz y armonía para todos; estando seguros que con el oportuno, útil y buen servicio prestado al ciudadano por parte de cada uno de sus servidores públicos, demarca un empoderamiento de las instituciones; de acuerdo a las disposiciones que conduzcan a la eficiencia, eficacia y efectividad en materia de una seguridad jurídica.

Es pertinente resaltar que a mayor seguridad jurídica, mayor será el incremento de percepción positiva de la comunidad hacia las instituciones, teniendo en cuenta la reducción en la tasa de delitos y conflictos, que debida cuenta son el punto de partida en el flagelo de la inseguridad, la cual se ve contrarrestada con el deber y la capacidad de justicia; puntualizando los esfuerzos que nacen desde la inversión social, activos que establecen la cultura y la educación, ideando los espacios con el fin de generar y afirmar por intermedio de las autoridades en coordinación con las instituciones, una visibilidad definida e implementada, entorno a la reconstrucción de una primer línea de prevención social.

Finalmente, de acuerdo a las cambiantes etapas que se están presentando en el escenario actual, se hace ineludible entablar un dialogo y una discusión alrededor de todos los actores, con el fin de intercambiar visiones en materia una identidad del derecho detrás del debido proceso; concibiendo el reconocimiento y en búsqueda del apoyo y de la solución a la injusticia social, de su reducción y de su aprehensión por parte de la comunidad; definitivamente la integridad va en relación directa con la certeza y la comunicación adecuada de los logros.