El escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, con gran ingenio para referirse a los países centroamericanos no los describe como Estados fallidos, terminología propia de la ciencia política sino como “Estados tullidos”. Tullido, según el Diccionario de la Real Academia Española significa “Que ha perdido el movimiento del cuerpo o de alguno de sus miembros”.

Pues bien, el Estado colombiano, podría encajar perfectamente en la categorización que Castellanos hace de esos países latinoamericanos y en la definición del DRAE. Es un Estado claramente deficiente, que ha perdido el movimiento de varios de sus componentes, cercado por la corrupción, la pobreza extrema, la desigualdad, las mafias, la violencia, la ignorancia y el ejercicio abusivo de lo público.

El actual diseño institucional de varias entidades y órganos estatales ha quedado superado por los hechos, por la realidad siempre tan cambiante y siempre tan tozuda. Un sistema hiperpresidencialista como el nuestro, convierte al ejecutivo en un poder casi omnipotente, capaz de arrogarse competencias que no le corresponden y de terminar cooptando las demás instituciones, incluidas el legislativo y los órganos de control.

Urge entonces una serie de profundas reformas, algunas constitucionales y otras legales, para limitar el poder del gobierno, reducir el excesivo presidencialismo, fortalecer el poder parlamentario, dotar de mayor capacidades y autonomía a los órganos de control, para evitar que un solo partido o un solo gobierno sea quienes decidan la suerte de las cabezas de las instituciones y de paso, de todas las personas afectadas por sus decisiones.